El amigo de un amigo, comercial de una entidad que legalmente no tiene carácter financiero, le propone una inversión y le garantiza dos cosas: una rentabilidad mayor que la que ofrece cualquier banco y la recompra de su activo sin pérdida de valor. Rarito. Pero a ver.
El activo en cuestión consiste en unos sellos, stamps, estampitas. Sorprendentemente, todo el mundo ha olvidado escándalos anteriores relacionados con inversiones filatélicas. También es mala suerte. (El primer sobresalto filatélico que me viene a la memoria, con jueces, tribunales y sentencias de por medio, se remonta a los años setenta. En Barcelona dio mucho que hablar.) Las autoridades políticas, el Banco de España, la CNMV, los bancos con los que trabajan las dos empresas hoy investigadas, tampoco recuerdan nada. Ni las más altas instancias del Estado, que no dudan en fotografiarse con los súbitos magnates en regatas y festejos. Rarete.
Aunque los inversores pueden acceder a los sellos que compran en su nombre –y guardarlos en casa si lo desean– ni una sola entre 350.000 personas tasa sus colecciones, coteja con catálogos fiables las cotizaciones o se hace pasar por vendedor en una filatelia, a ver lo que hay. Rarín.
Pero una organización española sí lo hace, demostrando –¡en 2004!– que las valoraciones no se corresponden para nada con la realidad del mercado. Y se lo comunica a los medios. Nuestra prensa, a pesar de que aquí la bola de nieve ya es descomunal, no hace ni caso de la OCU, no cree interesante su denuncia. Por el contrario, publicaciones estadounidenses y británicas se hacen eco de ella. Rarillo.
Enterada del asunto, la multinacional que asegura a una de las empresas implicadas decide no renovar la póliza. Sólo Lloyd’s, y nadie más, reacciona pues al peligro. La gente y las instituciones siguen confiando en una estructura de negocio basada en la revalorización permanente, sin altibajos, sin riesgo, de un bien tangible. Raro, raro, raro.
De un día para otro, salta el fiscal y se producen dos fenómenos asombrosos: primero, un partido político tirando a liberal propone la creación de un fondo de garantía, es decir, que el contribuyente corra con las pérdidas; segundo, por primera vez en muchos años, las comunidades autónomas reniegan de una de sus competencias exclusivas, la de consumo. Rarísimo.
En todas las ciudades de España existen comercios de filatelia; ninguno levantó la liebre contándole a un inversor, al primo de un inversor, al amiguete de un inversor, el abecé del negocio, la imposibilidad de garantizar la revalorización, la desmesura de las tasaciones. Los bancos, ni pío. Aquí no pasa nada. Humm.
